Las empresas, al igual que los consumidores, se verán directamente afectadas por la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Ésta contempla cambios en los modelos de producción y de consumo que, aunque entrarán en vigor de forma progresiva, deben tenerse en cuenta al planificar cualquier actividad.
El objetivo marcado es reducir la cantidad de residuos, impulsar el reciclaje y dar pasos en firme hacia la Economía Circular, en coherencia con las directivas europeas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Adaptarse lo antes posible puede ser una oportunidad y el no hacerlo, un problema porque también se endurecen las sanciones.
Ya hemos hablado en este blog de los aspectos fiscales de la norma: dos nuevos impuestos que entrarán en vigor en 2023 (a los plásticos no reutilizables y al depósito de residuos en vertederos o la incineración) y una tasa por la recogida de basura que los ayuntamientos deben implantar en el plazo de tres años.
Las empresas también quedan vinculadas a las obligaciones de la recogida separada residuos de competencia municipal. En 2025, cualquier negocio, por pequeño que sea, deberá separar en origen no sólo el papel, los metales, el plástico y vidrio o los residuos peligrosos, sino todos los biorresiduos, aceites de cocina usados y los voluminosos. Pero hay más.
A continuación, repasamos otras claves de cómo la ley afecta a los diferentes tipos de negocio.
Hostelería
Desde que la Ley entró en vigor, el 10 de abril, los negocios de hostelería están obligados a ofrecer la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita. Sólo si se pide, pueden servir agua embotellada. El objetivo es reducir la gran cantidad de contaminación que se genera con los envases de plástico de un solo uso destinados a ese fin.
Comercio
El fin de la comercialización de plásticos de un sólo uso (bastoncillos, pajitas, vasos o cubiertos…) no es el único cambio que afecta a este sector. Como muy tarde en enero de 2023, los comercios minoritas de alimentación que tengan más de 400 metros cuadrados deberán destinar al menos el 20% de su superficie a la venta a granel o en envases reutilizables.
Los que vendan productos frescos, bebidas o cocinados deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables (bolsas, táperes, botellas, entre otros) que traiga el propio cliente. Sólo podrán rechazarlos si se considera que están sucios o no son adecuados.
Por otro lado, en el plazo de dos años el Gobierno elaborará estudios específicos sobre la obsolescencia de productos como los aparatos eléctricos y electrónicos, que servirán de base para adoptar medidas contra la obsolescencia prematura. También se elaborará un índice sobre la reparabilidad, del que los comercios deberán informar al consumidor.
Fabricantes y distribuidores
La nueva ley prohíbe la destrucción o eliminación mediante el depósito en vertedero de excedentes que no se vendan. Afecta a diferentes productos, como ropa, juguetes o aparatos eléctricos. Ello obliga a buscar canales alternativos para la reutilización o donación.
También hay más exigencias en cuanto a etiquetado y de ecodiseño. Por ejemplo, a partir julio de 2024, solo se podrán introducir en el mercado los productos de plástico de un solo uso cuyas tapas y tapones permanezcan unidos al recipiente en todo momento.
A partir de 2025, sólo podrán comercializarse las botellas PET (tereftalato de polietileno) con un 25% de plástico reciclado como mínimo. Ese porcentaje debe ir aumentando progresivamente.
Empresas de obras o construcción
Desde julio de 2022, estarán obligadas a retirar por separado no sólo los residuos peligrosos, como el amianto, sino a clasificar el resto. Como mínimo, deberán hacerlo en las siguientes fracciones: madera, minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Igualmente, deben clasificar los susceptibles de ser reutilizados, como tejas, sanitarios o elementos estructurales.
Registro y producción de residuos
Las empresas que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año deberán disponer de un archivo electrónico donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y la cantidad de productos, materiales, sustancias y residuos resultantes de la preparación para la reutilización, del reciclado, de otras operaciones de valorización y de operaciones de eliminación.
Retirada de amianto
Las empresas también quedan afectadas por la disposición adicional décimo cuarta. Ésta recoge que los ayuntamientos deberán realizar un censo de instalaciones de todo tipo donde todavía hay amianto, así como un calendario para irlo retirando.
