España tiene nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Se trata de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Fue aprobada el 31 de marzo en el Congreso y entró en vigor el 10 de abril, tras la publicación en el BOE. Como una curiosidad, se ha destacado que obligará a los establecimientos de hostelería a servir agua del grifo a sus clientes, para evitar el uso de tantas botellas de plástico. Pero su calado y sus objetivos van mucho más allá de un titular llamativo. Porque será clave para impulsar la Economía Circular en España.

Supone la trasposición a nuestra legislación de importantes directivas europeas, que implican una estrategia para reducir de forma más efectiva los residuos que acaban en vertedero. Según se recuerda en el preámbulo, el reto es desvincular el crecimiento económico de los impactos negativos en la salud humana y en el Medio Ambiente, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ley afecta a todos, a los agentes sociales y al conjunto de las administraciones, y traerá nuevas figuras fiscales a partir de 2023. A continuación, os dejamos algunas claves, que iremos desgranando paso a paso en nuestro blog.
Sustituye a la ley de 2011
Sustituye a la Ley 22/2011, de 28 de julio, la cual fue la primera norma en incorporar en España conceptos como el subproducto y el fin de la condición de residuo, así como la jerarquía de residuos. Además, puso los primeros objetivos comunes de recogida separada, que no se han logrado: del 50% en 2020. También fijó el marco que regulaba la responsabilidad ampliada del productor, en el que profundiza la nueva norma.
Ésta pretende, entre otras cosas, ir mucho más allá en la recogida separada en residuos de competencia municipal para facilitar la posterior reutilización y apunta a algunos modelos: la recogida puerta a puerta o con contenedores cerrados.
Incorpora directivas de la UE sobre desperdicio y los plásticos de un sólo uso
La Ley 7/2022 incorpora al ordenamiento español dos directivas europeas. Una es la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, que revisó artículos de la anterior Directiva Marco de Residuos para avanzar en la Economía Circular. Entre otras cosas, ese cambio obliga a reducir el desperdicio alimentario, a recoger de forma separada biorresiduos, textiles o residuos domésticos peligrosos y a usar instrumentos económicos para avanzar en la jerarquía de residuos.
La otra es la Directiva sobre Plásticos de un sólo uso (2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019) para hacer frente a la contaminación por este material, sobre todo en el medio marino. Ahora sólo se recicla una cuarta parte y el 50% termina en vertederos. Así las cosas, fija medidas de reducción, sensibilización, marcado y ecodiseño y la restricción de determinados productos para los que hay alternativas.
Objetivos marcados
En el título II de la nueva Ley, que aborda la prevención de los residuos, se fija un calendario para los objetivos. En 2025, los kilos de residuos deben ser un 13% menos que los que se generaban en 2010. En el año 2030, la reducción debe ser del 15%.
Entre una larga lista de medidas para lograrlo, es aquí donde se establece que los bares deben ofrecer la posibilidad de consumo de agua no envasada y que, en 2023, los comercios de alimentación con más de 400 metros cuadrados deben destinar al menos el 20% a productos a granel o mediante envases reutilizables.
Pero hay más. Se fijan objetivos importantes sobre residuos alimentarios. En concreto, en 2030 deben reducirse a la mitad de los que hubo en 2020 en hogares y venta minorista y en un 20% en el resto de la cadena. Además prohíbe que excedentes textiles, juguetes o aparatos eléctricos se depositen directamente en el vertedero y deberán canalizarse a donaciones o reutilización.
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