La Ley de Residuos y Suelos Contaminados implica importantes cambios en la recogida de la basura urbana que compete a los ayuntamientos. Lo mismo ocurrirá con las rutinas de ciudadanos, responsables de comercios y del sector servicios. La razón es que obliga a separar en origen biorresiduos, textiles, aceites de cocina, muebles y enseres, elementos que se suman al papel, el metal, el plástico y el vidrio.
La novedad más inmediata afecta a los biorresiduos o residuos orgánicos de origen doméstico: cualquier resto de alimento, cocinado o podas. Los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes deberán tener implantada una recogida separada antes del 30 de junio de 2022 y el resto antes del 31 de diciembre de 2023.
Textiles, aceites de cocina usados, otro tipo de residuos domésticos peligrosos y los voluminosos (muebles y enseres) deben recogerse separadamente también a finales de 2024.
El objetivo para el conjunto del Estado es que para 2035 se recojan de forma diferenciada al menos el 50% de los residuos que se generan, con el peso como referencia.
La recogida puerta a puerta o el contenedor cerrado como referencias
La ley no determina una única modalidad para estas recogidas separadas, que deberán adaptarse a las “circunstancias de cada entidad local”. Pero sí hace referencia a “modelos de éxito comprobado”, como la recogida puerta a puerta -que está avanzando en pequeñas poblaciones- o con contenedores cerrados.
Ambos implican que la persona o el negocio que deposita el residuo deben identificarse de alguna forma, lo que supone un cambio sustancial en el modo de proceder de muchos usuarios en sus propios domicilios antes de sacar la basura y un esfuerzo de logística, difusión y control por parte de las autoridades locales.
El porcentaje de elementos impropios permitido no podrá superar en los biorresiduos el 20% y, a partir de 2027, el 15%. Una mayor mezcla se considerará infracción y deberá ser sancionada por las comunidades autónomas.
Un reciclado de mayor calidad y mejores materias primas secundarias
El objetivo de este refuerzo de la recogida separada en el ámbito de competencia de los ayuntamientos es facilitar un reciclado de alta calidad. En la ley, se destaca que ello estimulará la utilización de materias primas secundarias. También, que supone “beneficios ambientales, económicos y sociales sustanciales y en la aceleración de la transición hacia una economía circular”.
La Ley sólo contempla excepciones si se demuestra que la recogida separada no es técnicamente viable porque implica costes económicos “desproporcionados” o mayor impacto en el Medio Ambiente. Por ejemplo, en principio se va a permitir recoger conjuntamente el plástico, metal y otro tipo de residuos que contengan estos materiales. Eso sí, si se garantiza su adecuada separación posterior.
Estas excepciones se irán revisando y deberán tener valoración previa de la Comisión de Coordinación, un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Contará con representantes de las comunidades autónomas, entidades locales y de otros ministerios. También habrá grupos de trabajo en los que estarán el sector privado y la sociedad civil.
Un aumento del 55% en tres años
Para avanzar a hacia la Economía Circular europea, el reto es conseguir un aumento del peso de los residuos municipales preparados para la reutilización y el reciclado del 55% en peso para 2025. Al menos un 5% corresponderá a textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o muebles, entre otros.
Según se recoge en la ley, para 2030 esa preparación debe aumentar en España hasta un mínimo del 60% (un 10% en textiles, RAEE y muebles). En 235 debe llegar al 65% (con un 15% de textiles, RAEE y muebles).
