El universo digital ha abierto un mundo de indudables posibilidades, también en la adquisición de cualquier producto cuando se realiza una compra online. Lo cierto es la mayoría de estas compras no son realizadas por el consumidor de una manera espontánea, sino que las plataformas de venta que ya forman parte de la vida diaria de los usuarios, se sirven de redes sociales que permiten, además de anunciarse, comprar sus productos directamente desde sus redes sociales.
Este hecho es un arma de doble filo: mejora las opciones de los consumidores, pero también abre una ventana, de dudosa legalidad, para los comerciantes que no cumplen la normativa europea.
Endurecer la normativa de las compras digitales
En el entorno digital se pueden encontrar desde productos falsificados, peligrosos o que no contribuyen con las tarifas de recuperación y reciclaje, hasta anuncios de fraude, estafa o información engañosa como reseñas falsas.
Esto pone de relieve la necesidad de un endurecimiento del Reglamento de Servicios Digitales. ¿El motivo? Que las autoridades, la ciudadanía y las empresas encuentran constantemente pruebas de que terceros de la UE y no europeos utilizan servicios de plataformas on-line para vender productos y servicios ilegales.
De hecho, las brechas regulatorias actuales no solo perjudican a los consumidores y clientes profesionales. También son víctimas las empresas de renombre que hacen todo lo posible por cumplir con diversas leyes de la UE sobre seguridad, sostenibilidad, eficiencia energética, derechos de los consumidores, bienestar animal y requisitos medioambientales para proteger a los usuarios.
Tanto las tiendas físicas como otras empresas que respetan la ley se enfrentan a la competencia desleal de comerciantes deshonestos y servicios de plataformas on-line que permiten que comerciantes ilegítimos, servicios ilegales y productos ilegales lleguen a consumidores y clientes profesionales al facilitar el inicio de una transacción.
¿Qué hace Fundación Ecolec para afrontar esta situación?
Fundación Ecolec, junto a otras organizaciones, se ha sumado a la petición a la Unión Europea de que, como organismo internacional y a través del Reglamento de Servicios Digitales, eviten que estas plataformas fraudulentas escapen fácilmente de la responsabilidad cuando:
- Son conscientes de una actividad ilegal en sus interfaces y no toman medidas inmediatas.
- Ejercen una influencia decisiva sobre el comerciante o la transacción.
- No existe ninguna entidad con sede en la UE que pueda ser considerada responsable de una actividad legal on-line en su plataforma.
- No cumplen con sus propias obligaciones de diligencia debida respecto a la DSA, como la obligación del cliente de conocer su negocio.
¿Cómo debería actuar el Reglamento de Servicios Digitales?
Para hacer efectiva la petición anteriormente descrita el Reglamento de Servicios Digitales necesita obligaciones efectivas e inequívocas hacia las plataformas on-line, incluida la obligación de conocer su negocio y el cliente y la obligación de realizar ejercicios aleatorios de compras misteriosas e inspecciones visuales de productos y servicios.
Además, las organizaciones firmantes reclaman la implementación de un sistema de verificación sólido mediante el cual los vendedores no puedan ofrecer sus servicios a menos que su información se verifique y actualice regularmente, y los servicios y productos que venden cumplan con la legislación de la Unión, información que debe ser verificada por el proveedor de servicios (el Marketplace o plataforma on-line), basado en los mejores esfuerzos antes de que el producto o servicio esté disponible.
El objetivo es aumentar la protección y seguridad de los consumidores, los clientes y el Medio Ambiente, así́ como garantizar la competencia leal de la industria y el comercio.
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