El pasado 20 de febrero entró en vigor el nuevo Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que transpone la directiva europea 2012/19/UE, incorpora aspectos de la Ley 22/2011 y actualiza la legislación que regía el sector hasta el momento. El texto pretende implantar un nuevo modelo de gestión para aumentar el control y el volumen de recogida. Asimismo, quiere establecer una regulación más clara que garantice mayor seguridad jurídica y una descripción más detallada de las obligaciones de usuarios, fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores y gestores.
En este sentido, la nueva normativa exige objetivos más ambiciosos de recogida de RAEE. Determina que es necesario pasar de los actuales cuatro kilos por año y habitante a gestionar en 2016 el 45% de los RAEE domésticos y profesionales, respecto a los kilos totales de los puestos en el mercado, EL 50% EN 2017, el 55% en 2018 y el 65% en 2019.
Con respecto a los puntos de recogida, se introducen nuevas obligaciones, como la relativa a los establecimientos de más de 400 metros cuadrados, que podrán convertirse en puntos de recogida de RAEE y tendrán que aceptar RAEE muy pequeño (inferior a 25 centímetros) de forma gratuita y sin necesidad de que el cliente tenga que comprar otro a cambio. La homogeneización de los requisitos técnicos a exigir a las instalaciones de tratamiento de residuos en todo el territorio nacional es otra de las novedades más destacadas, lo que ayudará a equilibrar la concesión de autorizaciones y evitar distorsiones de mercados.
Cabe destacar el nuevo papel que jugará el productor. Las modificaciones que introduce el Real Decreto ampliarán la responsabilidad del fabricante, que será el encargado de financiar (de forma individual o a través de un sistema colectivo) la gestión de este tipo de residuos dentro del ciclo de vida del producto. Para ello, deberá elaborar planes de prevención de RAEE trianuales y ofrecer una garantía financiera anual para asegurar la financiación de la gestión de RAEE procedente de los aparatos puestos en el mercado.
La carga administrativa y los objetivos marcados son más exigentes, por lo que será necesaria la implicación de los principales actores para poder cumplir con la nueva normativa. En este sentido, la Fundación Ecolec quiere jugar un papel facilitador y dar soporte para ayudarles a cumplir con todos los requerimientos del Real Decreto.
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