Mientras la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas (en la foto), anunciaba que el 29 de julio se llevaría a cabo la presentación del borrador del Real Decreto sobre RAEE que transpone la «Directiva RAEE 2».
Con fecha 4 de julio de 2014 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, una normativa que garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales y que amplía su ámbito de aplicación para cubrir también los posibles daños a las aguas marinas.
La norma, que queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales, cuenta con un único artículo con doce apartados y tres disposiciones finales, modifica la citada Ley 26/2007, con el objetivo de reforzar su vertiente preventiva, así como de simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo.
En concreto, refuerza los aspectos preventivos mediante el fomento de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental y mejora y aclara distintos aspectos relacionados con las garantías financieras (mecanismo que permite a los operadores hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que se pretenda desarrollar).
También supone una reducción de las cargas administrativas a los operadores económicos y simplifica el procedimiento de constitución de la garantía financiera por lo que dota de una mayor eficacia a la actuación de las administraciones.
Como novedad, amplía el concepto de daño medioambiental a las aguas para asegurar que la responsabilidad medioambiental se aplique también al estado ecológico de las aguas marinas, según recoge la modificación de la Directiva 2004/35/CE, llevada a cabo a través de la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.
