Durante el pasado mes de junio, el Parlamento Europeo dio luz verde a la revisión de la Directiva 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con la que se pretende elaborar una normativa mínima consensuada y común entre los países de la Unión que favorezca la eficacia de las políticas de reciclado, permita incrementar las recogidas de estos residuos y ponga fin a las irregularidades (robos en puntos limpios y plantas de tratamiento, exportaciones ilegales, etcétera) a las que se enfrenta este sector, especialmente en España, durante los últimos años.
A partir de este momento, los Estados miembros cuentan con un año y medio para la trasposición nacional de la nueva legislación y aplicación de la misma que, entre otras novedades, se encuentra la exigencia de recoger (para 2016) 45 toneladas de RAEE por cada 100 toneladas de aparatos puestos en el mercado nacional; un porcentaje que deberá subir, en 2019, hasta el 65% de los RAEE introducidos en el mercado o el 85% de los RAEE generados en el país, a elegir entre ambas opciones.
Unas expectativas de recogida que tendrán que enfrentarse al hecho de que el 30% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son exportados ilegalmente a terceros países fuera de Europa y otro 40% no recibe el tratamiento adecuado, con la pérdida de materias primas que ello supone y reduciendo las posibilidades de creación y mantenimiento de empleo en las instalaciones autorizadas para ello. Por esa razón, se aplicará de forma más rigurosa la Ley y el tratamiento de los residuos en instalaciones autorizadas, donde se garanrice la aplicación de la mejor técnica disponible para su reciclado
Otro de los cambios más significativos que introduce la nueva Directiva es la posibilidad de que los ciudadanos puedan entregar de forma gratuita sus pequeños (mientras no supere los 25 cm.) aparatos eléctricos o electrónicos en cualquier establecimiento de más de 400 m2 sin necesidad de comprar otro de similares características (tal y como se hace en estos momentos).
