El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, una propuesta pionera que pretende impulsar un consumo más consciente y respetuoso con el Medio Ambiente.
Dentro de esta normativa, una de las cuestiones principales que trata es la obsolescencia programada. Esta se refiere a la práctica industrial de diseñar productos con una vida útil limitada intencionadamente, de modo que las personas consumidoras se vean obligadas a reemplazarlos antes de lo esperado. Esta estrategia afecta, entre otros, a aparatos y dispositivos eléctricos y electrónicos, generando al mismo tiempo una gran cantidad de residuos y presión económica sobre los hogares.
El objetivo del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, propone un conjunto de medidas concretas para combatir esta práctica desde varios frentes:
- Incentivos a la reparación: Si se opta por reparar un producto dentro del plazo de garantía en lugar de sustituirlo, dicha garantía legal se amplía automáticamente doce meses adicionales.
- Cofinanciación de reparaciones tras garantía: Durante los dos primeros años posteriores al fin de la garantía legal, el fabricante o importador deberá asumir el 20% del coste de reparación; en el tercer año, el 10%, y en el cuarto, el 5% , cuando el productor esté fuera de la UE.
- Plataforma online de reparadores: Se creará una plataforma en línea que permitirá encontrar, solicitar presupuestos y contratar reparadores solventes de manera gratuita y sencilla.
- Prohibición de prácticas digitales dañinas: La ley veta ocultar información al consumidor sobre actualizaciones de software que degraden el rendimiento del producto, y prohíbe comunicar como obligatorias mejoras funcionales que no sean necesarias. También se prohibirá realizar comunicaciones comerciales que incluyan características diseñadas para limitar la durabilidad del aparato.
Estas medidas responden a dos directivas europeas clave: la Directiva (UE) 2024/1799, que promueve el derecho a reparar y estándares de reparabilidad y durabilidad, y la Directiva (UE) 2024/825, que refuerza la información veraz al consumidor y lucha contra prácticas comerciales desleales como ocultar o proporcionar información engañosa relacionada con la actualización de contenido digital y la obsolescencia programada.
Más allá de la reparación: transparencia y ecología en el consumo
El anteproyecto también combate el ecopostureo o greenwashing, prohibiendo expresiones medioambientales genéricas como “respetuoso con el medio ambiente” o “biodegradable” cuando no son verificables o científicamente respaldadas. Las empresas tampoco podrán registrar nombres que induzcan a error sobre su desempeño ecológico.
Hacia un consumo más consciente y circular
El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible representa un paso significativo en la lucha contra la obsolescencia programada y otras prácticas insostenibles.
Entre otras medidas que aparecen en la normativa, se incluye la prohibición de publicitar vuelos cuando exista una alternativa menos contaminante que no suponga más de dos horas y media adicionales de trayecto, además de vetar la promoción de combustibles fósiles y de los vehículos más contaminantes.
En definitiva, este proyecto legislativo busca no solo consumir menos, sino hacerlo mejor: priorizando productos reparables, duraderos y respaldados por información clara y fiable. Al trasladar responsabilidad a las empresas, se impulsa un modelo de Economía Circular que protege a las personas consumidoras y al Medio Ambiente al mismo tiempo. Este enfoque no solo reduce residuos y gastos innecesarios, sino que también empodera al consumidor para que, efectivamente, sea actor central de la transición ecológica.
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