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Legislación sobre pilas

La gestión de los residuos de las pilas y acumuladores portátiles, así como de las pilas y baterías industriales y de automoción, está regulada por el Real Decreto 106/2008, que transpone al ordenamiento jurídico español la normativa europea sobre estos residuos. La normativa regula varios aspectos de la gestión. En primer lugar, prohíbe la comercialización de pilas que contengan metales pesados como el mercurio y el cadmio en proporciones superiores a un umbral determinado.

Se establece la responsabilidad del productor en todo el ciclo de vida del residuo. Los productores están obligados a acogerse a uno de los sistemas de gestión previstos en la Ley de Residuos, previa autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente: contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de gestión; estableciendo su propio sistema de gestión individual; participando en un SIG; o estableciendo un SDDR. La normativa también les impone obligaciones en el marcado de pilas (símbolo de papelera tachada, símbolos de metales pesados, del SIG, etc). Además, deben estar autorizados por la Comunidad Autónoma como productores e inscribirse en el Registro de Establecimientos Industriales del Ministerio de Industria. Los consumidores o poseedores, por su parte, están obligados a entregarlas, sin coste, en los puntos de recogida selectiva.

La legislación impone unos índices mínimos de recogida y reciclaje para evitar que estos residuos se eliminen mezclados con el resto residuos urbanos y reducir su peligrosidad. Para los residuos de pilas y acumuladores portátiles, se debe recoger un mínimo del 25 % de los puestos en el mercado el año anterior para 2011. Para 2015, esta cifra debe ascender al 45 %. Además, también se establecen objetivos de reciclado para distintos tipo de materiales.


Más información. Organismos públicos

 

 

Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores


The Global Compact
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